Sharon, Joseph y su hijo de quince meses.
Esta familia, que declaraba provenir de Sudán, recorrió medio continente africano para embarcar en una patera que les permitiese llegar a España. Después de dos semanas de una dura travesía, la Guardia Civil de Motril interceptó la embarcación y un juez de Granada dictó el ingreso de la familia en el CIE de Capuchinos a pesar de las constantes protestas por parte de las ONG, que denunciaban la presencia de un menor en un edificio que no está habilitado para esto.
El Defensor del Pueblo andaluz pidió la liberación de la familia, pero el Ministerio del Interior decidió separar al niño, que pasó al Servicio de Protección de Menores. Tanto el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba como el portavoz de los sindicatos policiales, José Luis Fernández, ponían en duda que los padres se ocupasen del bebé. Las ONG desmienten este punto y critican la «irresponsabilidad» de estas palabras.
Después de 20 días, la familia fue expulsada a Nigeria, a pesar de que aseguraban ser de Sudán -país al que no podían ser repatriados por la convulsa situación política- y de que estaba abierto el proceso de petición de asilo. Las ONG piden las pruebas objetivas que han llevado a determinar su nacionalidad y que Nigeria no se convierta en un «cajón de sastre donde acaben todos los inmigrantes» de origen dudoso.
Fragmento extraído de la noticia:
http://www.diariosur.es/20090308/malaga/sombras-20090308.html
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